Procuraduría exige respuestas sobre contrato del puente elevado en Ibagué
La Procuraduría ha emitido un llamado urgente a la alcaldesa de Ibagué, Tolima, Johana Ximena Aranda, y a la secretaria de Infraestructura, Ginna Paola Reinoso Merchán, para que respondan con prontitud a las preocupaciones planteadas por el Ministerio Público sobre las presuntas inconsistencias que siguen surgiendo en el contrato para llevar a cabo las obras de la fase 1 del puente elevado sobre la carrera 5ª e interconexiones.
Durante una reciente visita, el ente de control ha obtenido los informes de interventoría correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, los cuales indican que «la interventoría ha solicitado a la entidad iniciar un proceso sancionatorio por los incumplimientos reiterados de las obligaciones por parte del contratista Consorcio Puente Carrera 5». Estos posibles incumplimientos abarcan no solo el avance en la ejecución de la obra y la gestión del anticipo desembolsado, sino también las obligaciones relacionadas con la seguridad social integral, normas de seguridad y salud en el trabajo, prestaciones laborales, así como retrasos en los pagos y en el suministro de información y documentación requerida, entre otros aspectos.
En su comunicación, el Ministerio Público ha subrayado la necesidad de prevenir riesgos que puedan resultar en una posible violación del ordenamiento jurídico y daños al patrimonio público. Por lo tanto, ha solicitado a las autoridades municipales que detallen las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento del contrato, así como información sobre la aplicación de cláusulas excepcionales, imposición de multas o sanciones, y la cláusula penal. Además, se requiere que las funcionarias informen sobre la cantidad de requerimientos realizados por la entidad territorial al contratista, si se han presentado reclamaciones ante la compañía aseguradora por los riesgos de incumplimiento y el adecuado manejo e inversión del anticipo desembolsado por valor de $2.950’442.020,75, de un total aproximado de $12.000 millones, entre otros aspectos.
Por último, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha destacado que esta advertencia se suma a otras previas y llamados que se han hecho repetidamente en relación con este proceso contractual.
