Consejo Superior acepta retiro temporal del rector de la Universidad del Tolima mientras avanza investigación por presunta violencia de género
En una sesión reciente, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima aprobó la solicitud del rector Omar Mejía para separarse temporalmente del cargo, mientras avanza una investigación en su contra por presunto caso de violencia laboral basada en género.
La decisión fue respaldada por la gobernadora del Tolima y presidenta del Consejo Superior, Adriana Magali Matiz, quien enfatizó la importancia de garantizar el debido proceso tanto para el rector como para la denunciante. En ese sentido, se le concedió al rector un periodo de vacaciones de 45 días hábiles, durante el cual no ejercerá funciones administrativas.
Comisión externa y espacios de participación
Con el objetivo de asegurar transparencia e imparcialidad en el proceso, el Consejo Superior acogió la propuesta de la gobernadora de conformar una comisión de género independiente, ajena a la universidad y conformada por expertas en políticas de género. Esta comisión será la encargada de asumir la investigación de manera autónoma, revisando a fondo las denuncias presentadas ante la unidad de género de la institución.
Además, se convocará a un nuevo Consejo Superior extraordinario para escuchar a voceros y colectivos de género del Alma Máter, brindando así un espacio formal para que expongan sus inquietudes y aportes. Este será un ejercicio que busca fortalecer la participación y la construcción colectiva de rutas de atención con enfoque de género.
Asimismo, se instó a la Universidad del Tolima a modificar el esquema de atención a estas denuncias, permitiendo que la comisión externa pueda analizar, revisar e informar sobre los casos en trámite con total independencia.
Rectora encargada
Mientras se desarrolla la investigación, el Consejo designó a la docente Nancy Gómez Torres como rectora encargada de la Universidad del Tolima, quien asumirá las funciones administrativas durante la ausencia temporal de Mejía.
Esta medida se enmarca en el compromiso institucional con una gestión transparente, con enfoque de derechos y con respeto a las garantías judiciales y administrativas.
