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El proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos electrónicos ha despertado una fuerte controversia entre empresarios, expertos y actores del sistema financiero, quienes advierten que la medida podría desincentivar el uso de medios digitales y ralentizar el crecimiento de la economía digital en el país.
La iniciativa busca igualar las condiciones entre los pagos electrónicos —que actualmente no están sujetos a retención— y las operaciones realizadas con tarjetas débito y crédito, las cuales ya pagan un 1,5%. Según el Ministerio, la medida busca “equilibrar las cargas tributarias” entre los diferentes mecanismos de pago.
Sin embargo, voces críticas han señalado que el efecto sería contrario al esperado. “Desincentivan la digitalización, la formalidad y terminan llevando a todo el mundo al efectivo”, advirtió Lisandro Junco, exdirector de la Dian.
¿Cuándo se aplicaría la retención?
De acuerdo con la Dian, el cobro del 1,5% solo se aplicará cuando el dinero provenga de una venta o servicio que constituya un ingreso tributario para los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Es decir, si un negocio recibe pagos a través de plataformas como Bre-B, códigos QR o billeteras digitales, y dichos ingresos hacen parte de su renta, se generará la retención.
No obstante, habrá excepciones. No se aplicará la medida si el pago no corresponde a un ingreso gravado, por ejemplo, en transferencias personales o movimientos entre cuentas propias. Tampoco se practicará la retención si el receptor no es responsable del IVA.
Para implementar el control, la Dian expidió el Decreto 1066 de 2025, que le permite compartir el RUT de los contribuyentes con entidades adquirientes como bancos, plataformas de pago o agregadores (Wompi, Mercado Pago, entre otros), con el fin de determinar a quién aplicar la retención.
Reacciones y preocupaciones del sector
El anuncio ha generado preocupación entre representantes del ecosistema financiero y tecnológico. Edwin Zacipa, fundador de Latam Fintech Hub, señaló que “es muy difícil identificar el destino de cada pago, ya que no hay claridad sobre cuándo una transferencia es una venta o simplemente el envío de dinero entre personas”.
Otros expertos advierten que, aunque la medida recae sobre quienes reciben el dinero, los costos terminarán siendo asumidos por los consumidores. “El impacto será similar a pasar de un 4×1.000 a un 15×1.000. Los pequeños comercios tendrán que trasladar ese costo a sus clientes”, explicó Junco.
Desde el sector bancario también se alzaron voces de preocupación. Javier Suárez, presidente de Davivienda, consideró que “esta decisión va en contra de un sistema que apenas está naciendo y contradice los principios con los que fue creado, como la gratuidad. La mejor herramienta tributaria para un país es un sistema de pagos que fluya; gravarlo es un error”.
En la misma línea, César Prado, presidente del Banco de Bogotá, aseguró que la propuesta “refleja el desespero ante la situación fiscal del país” y podría afectar la confianza en la bancarización digital.
Mientras tanto, el debate continúa abierto entre el Gobierno y los distintos sectores productivos, que coinciden en una misma preocupación: que una medida pensada para aumentar el recaudo termine debilitando el impulso de la economía digital colombiana.
