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El modelo de bajo costo de Tiendas D1 enfrenta una de sus mayores crisis. En las últimas semanas, esta cadena de supermercados ha sido objeto de intervenciones por parte del Ministerio del Trabajo, tras denuncias sobre presuntas irregularidades laborales, condiciones inseguras y prácticas que podrían configurar explotación laboral.
Las inspecciones adelantadas por el Ministerio han derivado en el cierre temporal de varias tiendas por riesgos físicos y biológicos que pondrían en peligro la salud de los trabajadores. Además, se identificaron jornadas extensas sin pausas para comida, contratos poco claros y falta de pago de horas extra.
A estas preocupaciones se suma una alerta de seguridad: la empresa reportó amenazas por parte del ELN en algunas regiones, situación que ha encendido alarmas sobre la integridad del personal y la operación logística en zonas específicas.
En respuesta, Tiendas D1 ha negado las acusaciones, asegurando que cumple con la legislación laboral y que se defenderá con todos los recursos legales disponibles. También ha manifestado su disposición para implementar mejoras en sus procesos internos y en la infraestructura de las tiendas.
El caso ha generado repercusión nacional y ha motivado al Ministerio del Trabajo a extender las investigaciones a otras empresas del sector. La situación abre un debate urgente sobre cómo equilibrar modelos de negocio eficientes con la garantía de condiciones laborales justas para miles de trabajadores en Colombia.
