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La emergencia forestal ya afecta 23 municipios y 507 veredas. El Gobierno Nacional anunció un plan de choque para atender la crisis ambiental y económica que golpea al departamento.
El Tolima enfrenta una de las emergencias ambientales y económicas más graves de los últimos años. Los incendios forestales que han golpeado al departamento dejan más de 50.000 hectáreas afectadas, 2.660 productores damnificados y pérdidas económicas superiores a los $134.000 millones, según el balance conocido este lunes.
La emergencia también mantiene en riesgo a cerca de 163.000 animales y ha generado afectaciones en 23 municipios y 507 veredas, con daños especialmente graves para las comunidades rurales que dependen de la agricultura y la ganadería.
Ante la magnitud de la crisis, el Gobierno Nacional anunció un plan especial de recuperación ambiental, productiva y de seguridad para el Tolima, con medidas dirigidas a los productores afectados y a la recuperación de las zonas devastadas por las llamas.
Mientras avanzan estas acciones, organismos de socorro continúan trabajando para controlar los focos que permanecen activos. El último balance reportó que se han atendido 43 puntos de incendio en 11 municipios; 20 fueron controlados y 16 liquidados, mientras otros siete permanecían activos en Suárez, Carmen de Apicalá, Rovira y Cunday.
En Cunday, además, la Gobernación del Tolima recibió refuerzos de cuerpos de bomberos provenientes de Bogotá, Meta y Boyacá, junto con soldados y habitantes de la zona, para combatir uno de los incendios que continúa generando preocupación.
La Gobernación también desplegó funcionarios, ayudas, mercados, agua y herramientas en los diez municipios más afectados, mientras se fortalecen los planes de contingencia frente a la emergencia. En El Guamo, por ejemplo, las autoridades reportan más de 3.000 hectáreas consumidas, principalmente de pastos y cultivos de limón y maíz.
La crisis deja ahora un desafío que va más allá de apagar las llamas: recuperar los cultivos, proteger a los productores, atender a las comunidades afectadas y evitar que el desastre ambiental termine convirtiéndose en una crisis alimentaria y económica para el departamento.
