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ANT y SAE firman convenio para que tierras de mafiosos pasen pronto a familias agricultoras

ANT y SAE firman convenio para que tierras de mafiosos pasen pronto a familias agricultoras

Con la Reforma Agraria, el Gobierno del Cambio busca entregarles 1,5 millones de hectáreas de tierra fértil para producir alimentos a familias campesinas, negras e indígenas que no la tienen o la tienen de manera insuficiente.

Una de las rutas para ello es el convenio marco por 600.000 millones de pesos que firmaron la Agencia Nacional de Tierras – ANT – y la Sociedad de Activos Especiales – SAE –, con el acompañamiento del Ministerio de Agricultura, con el fin de acelerar la Reforma Agraria mediante la transferencia de predios que eran de narcotraficantes o de personas inmersas en otras actividades ilegales, entraron en procesos de extinción de dominio y están en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), administrado por la SAE.

La ministra de Agricultura, Jhénifer Mojica, destacó que se trata de tierras que eran de la mafia y que ahora la ANT le compra en bloque a la SAE para que pasen a manos de familias campesinas que trabajan la tierra y necesitan de ella.

El convenio, suscrito por Juan Felipe Harman Ortiz, director de la ANT, y José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE, ya arroja 38 predios viables para compra por parte de la Agencia, con avalúos aprobados y análisis técnicos y jurídicos elaborados por equipos de ambas instituciones.

Los 38 predios se encuentran distribuidos en Sucre, Córdoba, Santander, Meta y Antioquia, en zonas priorizadas para la Reforma Agraria y, sumados, miden unas 6.000 hectáreas y cuestan alrededor de 115.000 millones de pesos.

Entre ellos están las fincas Simba (850 hectáreas) y Potosí (389 ha), en San Antonio de Palmito, Sucre, y Ayapel (409 ha), en Ayapel, Córdoba, que costaron, sumadas, 38.750 millones de pesos, y cuya compra fue anunciada el pasado marzo, en las actividades de Gobierno con el Sur del Caribe, con la presencia del presidente, Gustavo Petro. Estas tierras pasaron a manos de campesinas, campesinos e indígenas de la región para la producción de alimentos.

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