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Antioquia enfrentaría un recorte de $2,2 billones en el presupuesto del 2025 decretado por el Gobierno Petro

Antioquia enfrentaría un recorte de $2,2 billones en el presupuesto del 2025 decretado por el Gobierno Petro

El departamento de Antioquia se vería afectado con una reducción significativa de recursos para el próximo año. Según estimaciones, con el presupuesto que el Gobierno nacional decretaría para el 2025, la región recibiría $2,2 billones menos que lo asignado en el 2024.

Aunque aún no se ha definido el monto final del presupuesto que el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretará, se proyecta que sea de aproximadamente $520 billones, lo que representa un aumento del 3% respecto a los $502 billones asignados para este año. Sin embargo, esta cifra no se traduce en un beneficio directo para las regiones, ya que el presupuesto general destinado a las mismas sufriría una reducción del 28%. En 2024, el presupuesto regional fue de $75,8 billones, mientras que la propuesta para 2025 sería de $54,5 billones.

En el caso específico de Antioquia, los recursos pasarían de $8,8 billones en 2024 a $6,5 billones en 2025, lo que representa una disminución del 26%. Este ajuste también impactaría el presupuesto per cápita, que pasaría de $1,3 millones por habitante a $0,94 millones, reflejando una situación similar a la de la mayoría de los departamentos del país, a excepción de Vichada y Bolívar, que recibirían más fondos.

Los sectores más afectados en Antioquia incluyen la educación, la agricultura, el desarrollo, y el transporte. Para la Universidad de Antioquia, que atraviesa una de sus peores crisis financieras, el recorte sería de $30.000 millones menos en comparación con 2024. En el sector agrícola, clave para la política del presidente Petro, Antioquia sufriría una reducción de más de $510.000 millones. El transporte, vital para conectar las regiones más apartadas del departamento, también enfrentaría una disminución de $412.000 millones, agravando los problemas de infraestructura.

Por otro lado, el presupuesto destinado a inclusión social y reconciliación, que busca atender a la población más vulnerable y a las víctimas del conflicto, sufriría un recorte de $471.000 millones, afectando a los municipios más necesitados de la región. Estos ajustes han generado preocupación entre los líderes locales, quienes señalan que estas reducciones podrían afectar seriamente el desarrollo y bienestar del departamento.

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