Escándalo en la UNP: Disidentes Armados y con Órdenes de Captura Detenidos en Caravana Oficial
En un sorprendente incidente ocurrido en las carreteras de Antioquia, el Ejército Nacional detuvo una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que transportaba a varios líderes de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC). Entre los detenidos se encontraban individuos con órdenes de captura, grandes sumas de dinero y armas ilegales. Este hallazgo ha generado una fuerte controversia y cuestionamientos sobre la seguridad y la legalidad de los procedimientos de la UNP.
Carlos García, alias ‘Andrey’, uno de los jefes de las disidencias del EMC, expresó su indignación en una entrevista con La W Radio, calificando el procedimiento del Ejército como una «humillación». García admitió que en la caravana viajaban personas con órdenes de captura vigentes, pero criticó el trato recibido: «No compartimos la humillación con la que trataron a nuestra gente». En cuanto al dinero encontrado, García cuestionó la falta de apoyo del Gobierno: “Hay que preguntar si, hasta el momento, el Gobierno nos está garantizando los viáticos, la economía y la ropa. (…) Nos estamos moviendo por el país y no vamos a andar sin un peso en el bolsillo”.
La presencia de alias ‘Firu’ en la caravana ha generado particular alarma. Este individuo, conocido dentro de la estructura disidente como un experto en explosivos, cuenta con un extenso prontuario criminal que incluye asesinatos, concierto para delinquir, terrorismo y tráfico de armas. Su captura en un vehículo oficial de la UNP ha levantado serias dudas sobre la infiltración de elementos criminales en las instituciones de seguridad del Estado.
El incidente ha desencadenado un debate sobre las medidas de protección y la transparencia de la UNP, así como sobre la efectividad del cese al fuego mantenido por el Gobierno Petro con las disidencias del EMC. Las autoridades están investigando cómo y por qué estos individuos lograron utilizar vehículos oficiales para desplazarse por el país, y qué medidas se tomarán para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro.
Mientras tanto, la ciudadanía y diversas organizaciones exigen explicaciones y responsabilidades claras, buscando asegurar que los recursos y las instituciones del Estado no sean utilizados para proteger a criminales peligrosos.
