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Fiscalía impactó red de extorsionistas en Norte de Santander que estaría integrada por extranjeros y colombianos

Una acción investigativa liderada por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, permitió impactar a una red de extorsionistas que estaría conformada por ciudadanos extranjeros y colombianos, dedicados a exigir millonarias sumas de dinero mediante amenazas de muerte a comerciantes en Norte de Santander.

El material de prueba que recolectó el ente investigador da cuenta de que, al parecer, esta estructura estaría siendo articulada desde centros penitenciarios del departamento y que, probablemente, tendría nexos con organizaciones criminales que delinquen en la frontera colombo-venezolana.

Los indicios señalan que, presuntamente, esta estructura lanzaba artefactos explosivos y disparaba contra las viviendas o negocios de las víctimas que se rehusaban a pagar las exigencias económicas. Además, enviaban mensajes intimidatorios vía celular incluyendo fotos de las familias e incluso ubicaciones en tiempo real, como método de presión contra los comerciantes.

El más reciente caso que se tiene documentado contra esta red, se conoció hace una semana cuando un ciudadano presuntamente fue víctima de un atentado en su vivienda donde se encontraba con su familia, cuando dos personas en una motocicleta llegaron a disparar contra la fachada.

Capturas

Entre los detenidos figura Ángel Alexis Aldana Molina, un ciudadano de nacionalidad venezolana que, sería uno de los presuntos articuladores principales, a cargo de seleccionar a las víctimas y, aparentemente, de seguirlas para documentar sus rutinas que posteriormente utilizaban para intimidarlas.

Los otros dos procesados son Miguel Ángel Pineda Cáceres y Jaider Enrique Ascanio Gómez. Estas personas, aparentemente, estaban a cargo de recoger los dineros producto de la extorsión y, posiblemente, era quienes materializaban las amenazas.

Con la contundencia de todo el material probatorio, un fiscal de la Seccional Norte de Santander le imputó a los procesados el delito de tentativa de extorsión agravada y un juez de garantías accedió a privarlos de la libertad en un establecimiento carcelario.

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