Población indígena solo recibió el 2,25% de los recursos asignados para vivienda, revela la Contraloría

Subtítulo: De las viviendas subsidiadas entre 2014 y 2022, el 62% están terminadas, mientras que el 24% no han sido construidas ni entregadas, y el 14% permanecen inconclusas.

La Contraloría General de la República ha revelado un preocupante informe que expone la falta de equidad en la distribución de recursos para vivienda, especialmente en relación con la población indígena. Según el informe, entre 2014 y 2022, solo el 2,25% de los recursos asignados para programas de vivienda fueron dirigidos a comunidades indígenas, evidenciando una profunda brecha en la atención a este grupo poblacional.

El informe detalla que de las viviendas subsidiadas durante este período, apenas el 62% han sido finalizadas y entregadas a las familias beneficiarias. Sin embargo, el 24% de las viviendas ni siquiera han sido construidas, y los subsidios otorgados permanecen sin ejecutar. Aún más alarmante es el hecho de que el 14% de las viviendas iniciadas están inconclusas o sin terminar, lo que refleja serios problemas de gestión y ejecución en los programas de vivienda social.

Líderes indígenas han manifestado su descontento ante estos hallazgos, señalando que la falta de vivienda adecuada es un factor que perpetúa la marginación y la pobreza en sus comunidades. Además, exigen que se tomen medidas correctivas urgentes para garantizar que los recursos destinados a vivienda lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

Por su parte, la Contraloría ha instado al gobierno a revisar y fortalecer los mecanismos de distribución de recursos, asegurando que se priorice a las comunidades más vulnerables. La entidad también ha recomendado la implementación de un sistema de seguimiento y control más riguroso para evitar que se repitan estas irregularidades en el futuro.

La situación actual no solo subraya la necesidad de una distribución más equitativa de los recursos, sino también la importancia de mejorar la eficiencia en la ejecución de los programas de vivienda social, con el fin de garantizar que cada peso destinado a este fin se traduzca en una mejora real en las condiciones de vida de los beneficiarios.