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Tribunal ordena suspender explotación de gas en el Caribe colombiano por falta de consulta previa con indígenas de Taganga

Tribunal ordena suspender explotación de gas en el Caribe colombiano por falta de consulta previa con indígenas de Taganga

Un tribunal ha emitido un fallo que suspende las actividades de exploración y explotación de gas en el pozo Uchuva 2, ubicado en el mar Caribe colombiano, hasta que se realice una consulta previa con la comunidad indígena de Taganga. La decisión judicial se produjo tras una acción de tutela presentada por Ariel Daniels de Andreis, gobernador de la comunidad, contra varias entidades, entre ellas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el Ministerio de Minas y Energía, y Ecopetrol.

El tribunal determinó que el proyecto de explotación de gas vulnera los derechos fundamentales de la comunidad indígena, específicamente su derecho a la consulta previa, al debido proceso, y a la protección de su propiedad intelectual, cultural y ambiental. Además, la sentencia obliga a las entidades responsables a realizar la consulta de manera libre, previa e informada, cumpliendo con estándares internacionales.

Las empresas Ecopetrol y Petrobras, involucradas en el proyecto, también deberán abstenerse de usar nombres o símbolos culturales de la comunidad sin su consentimiento. En concreto, se les ha ordenado cambiar los nombres «Uchuva» y «Área de Interés de Perforación Exploratoria Tayrona» en un plazo de 48 horas, como parte del respeto a los derechos culturales de los pueblos indígenas.

Asimismo, la Anla y el Ministerio de Ambiente deberán realizar un nuevo estudio de impacto ambiental y sociocultural, que considere de forma específica los efectos sobre la comunidad indígena de Taganga.

Finalmente, la Presidencia de la República, junto con los Ministerios del Interior, Ambiente, y Minas y Energía, tiene un plazo de seis meses para desarrollar un protocolo interinstitucional que garantice la identificación y protección de las comunidades ancestrales en futuros proyectos. Este protocolo busca asegurar que los derechos de las comunidades indígenas sean respetados en la planificación y ejecución de nuevos desarrollos en la región.

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