Cinco integrantes de red de contrabando fueron judicializados, varios eran policías
La Fiscalía General de la Nación impactó de manera estructural a una organización delincuencial dedicada a ingresar mercancía de contrabando por el puerto de Barranquilla (Atlántico), la cual estaría conformada por funcionarios de la Policía Nacional y particulares.
Inicialmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró la captura de cinco de los señalados integrantes de la red ilegal. Se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro, el patrullero Harol Gil Ramírez, los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez, y Tulia Inés Tapia Mulett.
Los dos uniformados pertenecían a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Al parecer, a cambio de dádivas, se apartaron de sus funciones y permitieron el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional. Producto del actuar ilegal presuntamente incrementaron sus patrimonios injustificadamente, y adquirieron bienes inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero.
Los otros tres detenidos habrían prestado sus nombres para transformar y ocultar las rentas ilícitas provenientes del ingreso de contrabando.
Por todo los anterior, la Fiscalía imputó a estas cinco personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando.
Por disposición del juez de control de garantías, los dos uniformados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los particulares seguirán vinculados a la investigación.
Golpe al patrimonio ilícito
De manera simultánea al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder de dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1 sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dosquebradas, Guática y Santuario (Risaralda); y Barranquilla (Atlántico).
Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 5.940 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
